Laura Velasco-Alanis
Oscar Estrada-Gómez
La protección financiera en salud, entendida como la capacidad de un sistema de salud de evitar que las personas padezcan dificultades económicas para acceder a los servicios de salud que necesitan, es reconocida como un objetivo intrínseco de los sistemas de salud. Asimismo, forma parte de la agenda de organismos multilaterales de los que México forma parte: constituye un objetivo central en la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un indicador comparativo de desempeño en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y es un componente estratégico en el marco de desarrollo del Banco Mundial.
México es el segundo país de la OCDE con mayor gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud (41%), superado solo por India (51%). Otros países de nuestra región que también forman parte de la OCDE tienen mejor desempeño en este indicador, como Costa Rica (21%), Brasil (22%), Perú (23%) y Chile (30%). Esto pone de relieve la desprotección financiera a la que está expuesta la población en nuestro país.
Un análisis hecho por la organización México Evalúa a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) encontró que el gasto de bolsillo en salud, es decir, el dinero que las personas pagan directamente por servicios de salud al momento de usarlos, incrementó un 41.1% entre 2018 y 2024 (México Evalúa, 2025), alcanzando los 6,421 pesos anuales. De la misma forma, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria reportó que en 2024, el 38.3% del gasto de bolsillo provenía de la compra de medicamentos. Esta situación se acentúa en los hogares de menores ingresos, donde prácticamente la mitad del gasto de bolsillo se dedica a la adquisición de fármacos (Senyacen, 2025). Estas cifras no nos toman por sorpresa, pues la ENIGH también revela que el 60% de las personas que reciben atención médica en México lo hacen a través de servicios de salud privados.
La escasez de medicamentos y otros insumos ha minado la confianza de la población y ha contribuido a su distanciamiento de los servicios públicos de salud. Hemos visto en los medios en varias ocasiones a pacientes, familiares, e incluso al personal de salud manifestarse por estas carencias. Para ilustrar la situación, sirva el ejemplo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el que, en 2024 no se surtieron más de 4.5 millones de recetas, mientras que en 2017 fueron alrededor de 1.7 millones, y en 2018 cerca de un millón y medio (Gómez, 2025).
Como si estas cifras no fueran lo suficientemente alarmantes, los vacíos generados por el desabasto han dado pie a problemáticas como la falsificación y el robo de medicamentos. La combinación de alta demanda, precios elevados y disponibilidad limitada convierte a algunos medicamentos en un blanco frecuente para el mercado ilegal. Esto refleja no solo la fragilidad del sistema de abasto, sino también los riesgos adicionales que enfrentan los pacientes al verse obligados a recurrir a fuentes alternativas. Entre 2018 y 2023, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), recibió un total de 742 reportes de esta naturaleza.
Gracias a la Radiografía del Desabasto de Medicamentos en México 2023, publicada por el colectivo Cero Desabasto, podemos identificar que los tratamientos para el cáncer son los más afectados por esta problemática. Entre 2019 y 2023, los medicamentos oncológicos encabezaron la lista de reportes por desabasto, con un total de 1,834. Además, este mismo grupo registró el mayor porcentaje de Alertas Sanitarias por falsificación (20%) del total de 51 emitidas por la COFEPRIS en 2023.
Imaginemos el siguiente escenario: un paciente con cáncer requiere un tratamiento indispensable para tener una evolución favorable. En la institución pública de salud a la que está afiliado, el medicamento está en desabasto, por lo que se ve obligado a buscarlo por su cuenta. Descubre que el costo en farmacias privadas alcanza hasta 200 mil pesos por aplicación, y que debe administrarse cada tres semanas. Un conocido le comenta de una farmacia donde lo ofrecen a mitad de precio. Aunque el gasto sigue siendo catastrófico, el paciente considera haber tenido “suerte” al encontrarlo disponible y más accesible que en otros lugares. Seis meses después, se publica una alerta sanitaria que incluye el lote del medicamento que estuvo recibiendo. En total, el paciente gastó alrededor de 800,000 pesos, llevando su hogar al empobrecimiento por un tratamiento falsificado que nunca tuvo efectividad terapéutica.
La falsificación de medicamentos podría considerarse una consecuencia extrema y relativamente infrecuente, pero el desabasto también impacta de formas más sutiles, afectando la práctica clínica de los profesionales de la salud; los esfuerzos orientados al estudio de medicamentos innovadores, detección oportuna, diagnóstico y prescripción, en muchas ocasiones han sido mermados. Por ejemplo, cuando el médico se ve orillado a sustituir el tratamiento de primera elección, aquel que cuenta con superioridad terapéutica con base a la evidencia clínica y científica actual, por un tratamiento de segunda o tercera elección que puede no ser igual de efectivo o seguro.
La evidencia presentada muestra que el desabasto de medicamentos en México no solo erosiona la protección financiera en salud, sino que también expone a las personas a riesgos de calidad y seguridad. Esta realidad demanda una respuesta decidida que trascienda la administración coyuntural del problema, aunque resolverlo no es una tarea simple.
El origen de esta crisis se remonta a la administración pasada, donde se prescindió del sistema de compra consolidada coordinado por el IMSS. En primer lugar se transfirió esta responsabilidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, luego al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), después a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), y de nuevo al INSABI, culminando así una serie de fracasos en la adquisición de medicamentos (Gómez Dantés, 2025). Ninguno de estos actores fue capaz de solucionar este problema. ¿Volver al modelo del IMSS? Imposible, políticamente hablando. Después de los esfuerzos infructuosos, el 29 de octubre de 2024 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los “Lineamientos generales para llevar a cabo el procedimiento de contratación consolidada de medicamentos e insumos para la salud, para los ejercicios fiscales 2025 y 2026”, donde –a nuestro parecer, acertadamente– la Secretaría de Salud retoma el papel rector en las negociaciones y compras de medicamentos para todas las instituciones del sector público. El poder de negociación que otorga el hacer compras para abastecer a todo el país, junto con la estrategia de eliminar intermediarios, puede significar ahorros considerables. Desafortunadamente, la crisis institucional que generó la búsqueda de ese ahorro se ha traducido en sufrimiento y angustia para muchos pacientes a lo largo de estos siete años. ¿Valió la pena?
¿Qué acciones pueden favorecer la protección financiera en salud desde el alcance del profesional de la salud? Sensibilizarnos ante la problemática que atraviesa actualmente el sistema nacional de salud, e integrar como parte de nuestra práctica el acompañamiento al paciente en la adquisición de medicamentos efectivos, seguros y de calidad provenientes de distribuidores autorizados. Esto se puede hacer a través de fuentes de acceso público que ofrece COFEPRIS, como la plataforma de distribuidores irregulares de medicamentos, las bases de datos de licencias sanitarias de farmacias y almacenes, alertas sanitarias, listado de registros sanitarios, lotes liberados de medicamentos biológicos, manual para la Identificación de medicamentos falsificados, etc. Conocemos a una doctora que, teniendo en mente el gasto (y el riesgo) que implica la adquisición de medicamentos oncológicos, comentaba a sus pacientes: “Envíame una foto del empaque del medicamento que te están ofreciendo”, brindando acompañamiento para prevenir la adquisición de un medicamento falsificado.
No es nuestra intención apremiar a los profesionales de la salud a resolver esta crisis por su cuenta y reconocemos que el principal garante de la protección contra estos riesgos es el Estado. Sin embargo, hacemos de su conocimiento la existencia de estas herramientas para apoyar la toma de decisiones en su práctica diaria. Además, consideramos que una solución efectiva al desabasto será siempre tomando en cuenta su experiencia, conocimiento e inquietudes. Será primordial seguir señalando estas fallas y recordar que la prioridad de cualquier política debe ser garantizar el acceso oportuno, seguro y equitativo a los servicios de salud que las personas necesitan. La salud no espera.
Este artículo expresa los puntos de vista personales de los autores y no refleja la posición de las instituciones donde trabajan.
Conflicto de intereses: Los autores declaran explícitamente que no presentan conflictos de intereses.