Dr. Jesús Felipe González Roldán
Para referirnos a esta significativa frase”Prohibido prohibir”, tenemos que remontarnos 57 años atrás, cuando en 1968 ocurrían, a nivel mundial, movimientos estudiantiles y de sectores progresistas que tuvieron un “despertar” para luchar por reivindicaciones justas como derechos humanos, sindicales y, en especial, por una liberación de la juventud.
“Prohibido prohibir” es una frase y un lema que significa desobedecer las normas intransigentes, caducas y arbitrarias impuestas por nuestra sociedad. Generalmente establecidas desde el poder y por quienes lo ostentan desde el punto de vista político o económico.
México no fue la excepción y su movimiento estudiantil de 1968 no se puede entender sin la influencia que ejercieron las manifestaciones estudiantiles y obreras de Europa, sobre todo las realizadas en Francia. De ahí llegó a nuestro país dicho lema que se escribía en carteles y pintas en las paredes de nuestras universidades y calles. Dicho lema inspiró a los universitarios mexicanos para cuestionar el “establishment” de una sociedad y un régimen político que reprimía –y mucho– a las clases más desprotegidas y pobres, así como a sus jóvenes.
Este movimiento surge con mayor fuerza para protestar contra los sistemas totalitarios y autoritarios que se caracterizan por concentrar el poder y abusar de la autoridad por parte de un líder o un grupo político, especialmente cuando están gobernando. Este tipo de regímenes realizan un ejercicio opresivo del poder y la limitación de las libertades en sus ciudadanos. Generalmente se considera un modelo opuesto a la democracia pluripartidista que tiene elecciones libres y libertad de prensa.
Hoy en México, es claro que soplan vientos prohibicionistas en muchos sectores, bastantes de ellos nacidos desde la intolerancia, la intransigencia y en claro desprecio a las libertades individuales de quienes opinan o actúan diferente.
Entre estos movimientos prohibicionistas, desde hace ya cinco años, se han establecido diferentes acciones para prohibir la circulación y comercialización en México —cualquiera que sea su procedencia— de los cigarros electrónicos, vapeadores y sistemas alternativos de consumo de tabaco o nicotina, así como los suministros de tales sistemas.
Estas medidas forman parte de una serie de prohibiciones sucesivas que, con el tiempo, han ido configurando un marco cada vez más restrictivo en torno al uso y comercialización de los vapeadores. Dichas acciones han escalado progresivamente hasta consolidarse en una reforma constitucional, resultado de un proceso gradual que refleja la evolución de la política gubernamental frente a estos dispositivos. A continuación, detallo esa transición.
El 19 de febrero del 2020, por decreto presidencial, se prohibió la importación de cigarrillos electrónicos y vapeadores, lo que supuso cambios en la Ley General para el Control del Tabaco y la Ley General de Impuestos de Importación y Exportación.
No obstante, el decreto sólo era válido en caso de que los productos de vapeo tuvieran que entrar al país y no contemplaba aquellos que se manufacturaran dentro de México.
En octubre del 2021, nuevamente se publicó en el DOF una nueva prohibición, ahora para la exportación de estos dispositivos y, en noviembre de 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria contra los vapeadores debido a los graves daños a la salud que generan y por los efectos negativos de los cigarros electrónicos frente al control de la epidemia del tabaquismo.
“Ningún vapeador o calentador de tabaco cuenta con autorización sanitaria por parte de COFEPRIS, ni reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud como productos de riesgo reducido o alternativo”, decía el comunicado publicado por la institución reguladora.
Nuevamente, el 31 de mayo del 2022, el presidente López Obrador estableció y publicó el DECRETO por el que se prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, Sistemas Similares sin Nicotina, Sistemas Alternativos de Consumo de Nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos sistemas.
Finalmente, esta medida se elevó al rango de reforma constitucional, publicada el 17 de enero de 2025 en el Diario Oficial de la Federación. Dicha reforma implicó la modificación del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual quedó redactado de la siguiente manera:
“Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, la ley sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.”
El primer infortunio de esta legislación es categorizar por igual a sustancias y productos que son totalmente diferentes entre sí. Los cigarrillos electrónicos y vapeadores son dispositivos; el fentanilo y demás drogas sintéticas son sustancias psicotrópicas.
Este hecho representa, sin lugar a dudas, un precedente hacia la criminalización de las personas que sean sorprendidas por alguna autoridad en posesión de un vapeador.
A cinco años de estas prohibiciones, la realidad nos demuestra que las acciones implementadas por el gobierno han resultado insuficientes en virtud de que, a pesar de la prohibición que se estableció desde el primer decreto, actualmente circulan abiertamente estas mercancías en el territorio mexicano. Incluso es común ver a funcionarios del ejecutivo, legislativo y judicial de nuestro país hacer uso de dichos dispositivos. Según el Colegio de México, actualmente existen 5 millones de usuarios en la ilegalidad.
Sin lugar a dudas, los cigarrillos electrónicos y los vapeadores producen daños a la salud, tales como enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebro vasculares, cáncer de tráquea, bronquios o pulmón, así como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otras. La mejor decisión que un individuo, a cualquier edad, puede y debe tomar es no iniciar en el consumo del tabaco ni de los cigarrillos electrónicos o sistemas alternativos de consumo de nicotina.
Hay estudios que indican que 98% de los consumidores de estos productos conocen los daños que generan, sin embargo, los consumen por la adicción que generan. No obstante, el cigarro sigue siendo la forma más dañina de consumir nicotina: cada año causa cerca de 65 mil muertes en México y también está vinculado con más de 20 tipos de cáncer, además de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
Es por esto que, insisto en la pertinencia de regular —no prohibir— los vapeadores y productos alternativos, de manera estricta como lo hacen países desarrollados, porque la prohibición, es evidente, que ha generado:
Mercado ilegal en producción, distribución, venta e importación.
Control del mercado por parte del crimen organizado.
Corrupción y criminalización del consumidor.
Adulteración de productos.
Incremento del consumo.
Pérdida de ingresos fiscales.
Desde el punto de vista antropológico y social está comprobado lo que las prohibiciones generan en nuestras sociedades. Basta recordar la prohibición del alcohol en los Estados Unidos de América en los años treinta del siglo pasado.
La Ley Seca, conocida también como la Prohibición, fue una importante época en la historia de los Estados Unidos caracterizada por la prohibición legal de fabricar, transportar, vender, importar y exportar bebidas alcohólicas. Esta medida fue implementada con la intención de reducir el crimen, resolver problemas sociales, reducir la carga fiscal asociada con prisiones y asilos, mejorar la salud en Estados Unidos y fomentar la moralidad en la sociedad.
Esta medida duró 13 años: desde el 16 de enero de 1920 hasta el 5 de diciembre de 1933. Es uno de los momentos más famosos, o infames, de la historia estadounidense. Aunque su propósito era reducir el consumo de alcohol y mejorar la moral pública, la medida generó consecuencias contrarias a las esperadas.
Si bien al inicio se registró una ligera disminución en el consumo, pronto surgió un amplio mercado negro impulsado por la alta demanda. Esto dio lugar al contrabando de bebidas, a la proliferación de bares clandestinos (speakeasies) y al auge del crimen organizado —gángsters y mafias—, que encontró en el tráfico ilegal de alcohol una fuente lucrativa de poder e influencia.
Por otra parte, fabricar cerveza era más complicado que producir destilados caseros porque eran más fáciles de ocultar, por lo que el consumo de éstos fue aumentando. Esas producciones caseras a menudo eran más fuertes que cualquier licor que pudiera comprarse antes de la Prohibición. Otra consecuencia económica importante fue la pérdida de ingresos fiscales para el gobierno. Antes de la Ley Seca, los impuestos sobre el alcohol representaban una parte significativa de los ingresos del gobierno federal. Con la prohibición, se produjo un agujero en el presupuesto gubernamental, lo que afectó la capacidad del gobierno para financiar programas y servicios públicos.
Debido a los problemas que acarreó y la dificultad para hacer cumplir la ley, la opinión pública comenzó a cambiar, y muchos estadounidenses empezaron a oponerse a la prohibición. Esto llevó a la derogación de la 18ª Enmienda con la ratificación de la 21ª Enmienda el 5 de diciembre de 1933, la cual puso fin a más de una década de prohibición del alcohol en el país.
Lejos de alcanzar su objetivo moralizador, la Ley Seca expuso los límites del Estado para controlar la conducta individual, fomentando la corrupción, la violencia y la hipocresía social. Aunque buscaba mejorar la sociedad, su implementación llevó a un aumento del crimen y la corrupción, mostrando los límites de la ley en la modificación del comportamiento humano y las complejidades de gobernar moralidades personales.
Desde su prohibición en el 2020, las ventas de vapeadores y cigarros electrónicos han aumentado considerablemente y se considera que el mercado ha crecido a más de 5,000 millones de pesos al año. Otros países permiten la venta de estos productos mediante regulaciones, “muchas de las cuales se basan en el Convenio Marco para el Control del Tabaco”. Por ejemplo, Paraguay prohíbe el uso en lugares cerrados, exige advertencias sanitarias en la cajetilla y prohíbe el uso de declaraciones de propiedades saludables y para dejar de fumar.
Es evidente que México no es el mejor ejemplo en la Regulación Sanitaria de las drogas consideradas legales, tabaco y alcohol; basta observar que el consumo de estos productos en adolescentes va en aumento. Su edad de inicio en el consumo de estas drogas legales se da entre los 13 y 15 años de edad a pesar de la prohibición existente en la venta de estos productos a los menores de edad.
Desde mi punto de vista, la regulación sanitaria sería una gran oportunidad para regular de manera contundente y estricta al tabaco, sus derivados y todo sistema electrónico. Para poder reducir los riesgos, es fundamental conocer y regular la lista completa de ingredientes que contiene cada uno de estos productos, lo cual con una prohibición, evidentemente, se desconocería totalmente porque se fabrican en la clandestinidad.
A diferencia del alcohol que requiere una licencia específica para su venta, la comercialización del tabaco y sus derivados se hace en cualquier lugar y sin control alguno.
Basta señalar, por ejemplo, que hoy existen por lo menos 400 mil puntos de venta de cigarros sueltos en el país sin que nadie intervenga ante este mercado ilegal. Sería conveniente la restricción de venta de estos productos y limitar sus puntos de venta, así como llevar un control estricto de sus consumidores para establecer acciones de prevención dirigidas personalmente a cada consumidor.
Lo ocurrido durante la prohibición del alcohol en Estados Unidos probablemente se repetirá en México con la restricción de la venta de cigarros electrónicos y vapeadores. El tiempo mostrará si esta medida resulta verdaderamente conveniente. Todo apunta a que la historia podría reproducirse: el consumo persistirá, los dispositivos seguirán circulando en el mercado ilegal y, en consecuencia, aumentarán tanto los problemas de salud asociados, como el poder de las redes criminales que los distribuyan entre las personas dependientes de la nicotina. La otro vía: la regulación sanitaria.
Al tiempo.
Conflicto de intereses: Los autores declaran explícitamente que no presentan conflictos de intereses.