Julio Alberto Martínez-Cisneros
Mientras que en países de la OCDE la rotación de cuadros técnicos en el sector público oscila entre 15 y 30 % previo a un ciclo electoral (OCDE, 2020), en México la situación es aún más grave: apenas 19 % del personal con posgrado en el servicio público federal permanece en el mismo nivel directivo al concluir un sexenio (INEGI, 2022). Este dato, más allá de su contundencia estadística, refleja la magnitud de un problema que erosiona silenciosamente la capacidad institucional del Estado.
Como desarrollé previamente en dos entradas de Salud Sin Fronteras (Martínez-Cisneros, 2025), conforme avanza el calendario político —el 6 de diciembre de 2025 marcará los 18 meses previos a las elecciones intermedias de 2027— se intensifican los movimientos internos en las instituciones públicas. Este reacomodo, aunque natural en democracias, genera un fenómeno recurrente: la fuga de talento del sector público, particularmente en cargos directivos y técnicos especializados. En estos cuadros descansa gran parte de la continuidad institucional, por lo que su salida representa un costo difícil de reponer en el corto plazo.
La experiencia internacional advierte las consecuencias. La OCDE subraya que los países que no logran profesionalizar a sus cuadros técnicos “pagan un precio en la efectividad de sus gobiernos y en la confianza ciudadana” (OCDE, 2020). En México, los datos del INEGI muestran que la permanencia de cuadros especializados al cierre de un sexenio es la excepción, no la regla (INEGI, 2022). A nivel subnacional, la Secretaría de Administración de Jalisco documentó que, en 2022, el 25 % de los directores de área en municipios conurbados como Zapopan y Tlaquepaque, dejaron su cargo al inicio del nuevo trienio (Gobierno de Jalisco, 2023).
Las consecuencias trascienden lo administrativo. Esta rotación afecta directamente la salud pública, pues los programas requieren continuidad técnica para consolidarse. La sustitución de cuadros especializados puede retrasar proyectos de vacunación, interrumpir la vigilancia epidemiológica de enfermedades como dengue o tuberculosis y limitar la capacidad de respuesta ante emergencias. Según el Banco Mundial (2019), reemplazar a un funcionario técnico experimentado, puede tardar de seis meses a dos años, dependiendo de la complejidad del puesto y la especificidad de sus funciones. Este desfase no es neutro: se traduce en retrasos, pérdida de calidad en la implementación de políticas y reducción de la innovación en servicios.
Frente a este panorama, es urgente pasar del diagnóstico a la acción. Existen alternativas viables para reducir los costos de la fuga de talento y garantizar continuidad institucional más allá de los ciclos políticos. Una primera línea es fortalecer el Servicio Profesional de Carrera, estableciendo criterios de ingreso, permanencia y ascenso, basados en mérito. De igual forma, es necesario diseñar mecanismos de retención que combinen incentivos salariales y profesionales, con capacitación continua y planes de sucesión. La institucionalización de protocolos de transición sexenal y trianual, con manuales públicos de entrega–recepción y proyectos multianuales blindados, permitiría reducir la vulnerabilidad de los programas frente a los cambios políticos. A ello deben sumarse alianzas intersectoriales con universidades, organismos internacionales y sociedad civil, que garanticen el flujo de conocimiento y la preservación de capital humano calificado, junto con sistemas de monitoreo y evaluación que midan la permanencia y la rotación de cuadros técnicos en áreas estratégicas.
La fuga de talento en el sector público mexicano es un costo silencioso con impactos visibles: pérdida de capital humano, ralentización de proyectos y debilitamiento de políticas en sectores críticos como la salud. Profesionalizar y blindar al servicio público frente a los ciclos políticos no es solo un ideal administrativo, sino una necesidad para asegurar la efectividad del Estado. El proceso electoral de 2027 ofrece una oportunidad para replantear la forma en que se atrae y retiene al talento técnico. Apostar por la continuidad, el mérito y la profesionalización permitirá que el conocimiento no se disperse, sino que se traduzca en instituciones más sólidas y capaces de responder a los desafíos sanitarios del país.
Conflicto de intereses: Los autores declaran explícitamente que no presentan conflictos de intereses.